¿Una empresa que produce alimentos no recomendables debe participar en la definición de una política pública dirigida a combatir la malnutrición? Esta es una de las grandes preguntas que se plantean estos días al inicio de la Cumbre de la ONU sobre Enfermedades No Transmisibles (New York 19-20 de septiembre 2011).
Por Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, de México.
En pocas palabras: ¿Debería, por ejemplo, Bimbo participar en la definición del tipo de alimentos que pueden venderse al interior de los planteles escolares? En el mismo sentido: ¿Debe participar la industria procesadora de alimentos en la financiación de estudios para evaluar el impacto que tiene en la salud el consumo de los alimentos que produce?
En este último caso, existe ya una práctica común en muchas revistas científicas de hacer público si existe un conflicto de interés entre los expertos que desarrollaron una investigación. Entre las decenas de investigaciones realizadas para evaluar la relación que existe entre el consumo frecuente de refrescos y el riesgo de sobrepeso y obesidad, sólo unas cuantas han encontrado que esta relación no existe. Curiosamente, estos estudios han sido patrocinados, en el caso de los Estados Unidos, por la Asociación de Bebidas.
El conflicto de interés es necesario hacerlo visible e impedir que se filtre y, de manera oculta, distorsione el conocimiento e impida que las políticas públicas sean eficientes para proteger el interés colectivo y, en este caso, la salud pública.
Durante la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas para enfrentar las Enfermedades No Transmisibles, que se realiza en Nueva York este 19 y 20 de septiembre, ha surgido la Coalición contra el Conflicto de Interés, conformada por más 140 organizaciones civiles, algunas de ellas, federaciones que a su vez agrupan a decenas de organizaciones, como es el caso de Consumers International, que agrupa a 220 asociaciones.
La Coalición está pidiendo a las Naciones Unidas:
1. Reconocer y distinguir entre las organizaciones sin interés de lucro creadas por las empresas y las organizaciones no gubernamentales de interés público. Actualmente, las Naciones Unidas agrupa a ambas, sin distinción, bajo el concepto de “sociedad civil”.
2. Desarrollar un “código de conducta” dentro de la ONU que establezca claramente un marco que regule sus relaciones e interacción con la industria procesadora de alimentos y bebidas para manejar abiertamente el conflicto de interés.
Empezando por esto último, Naciones Unidas no puede considerar a la industria como una parte en la elaboración de las políticas. El interés y la obligación de la organización mundial y los gobiernos nacionales es preservar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, y debe actuar en ese sentido. Ése debe ser el objetivo central de la Declaración Política de esta reunión de Alto Nivel.
Doble estándar
En el proceso de elaboración de esta Declaración Política, que no tiene otro objetivo más que combatir las enfermedades que se expanden como epidemia por el planeta comprometiendo el futuro de la población y de las finanzas nacionales, existen muchas fisuras por las cuales se filtran los intereses de quienes no quieren ver políticas efectivas que reduzcan sus ganancias. Estas fisuras existen a diversos niveles.
Por ejemplo, mientras la mayor parte de las naciones europeas recomiendan en sus territorios que el consumo de sal no rebase los 5 gramos al día, esos mismos países se niegan a que una recomendación así quede en la Declaración.
Lo que recomiendan a sus ciudadanos no quieren que sea una recomendación para el resto del mundo. La única razón es que protegen el actuar de sus empresas en el resto de los países. Una recomendación de ese tipo debería de llevar a implementar políticas, entre otras, de una fuerte reducción de la sal en los productos altamente procesados.
Más ejemplos
El ejemplo de la sal es solamente uno. En la redacción de la Declaración está claramente mencionada la Convención sobre el Tabaco, donde se habla de ambientes libres de humo. Sin embargo, no hay ninguna mención sobre los ambientes obesigénicos, y, en especial, los ambientes obesigénicos infantiles, cuando existen ya documentos de la Organización Mundial de la Salud que identifican estos ambientes como la causa de la epidemia.
No se habla de la necesidad de alimentos saludables en los planteles escolares, del desarrollo de etiquetados en los alimentos que realmente sea orientador para los consumidores, de establecer el derecho de acceso a agua potable.
Penetración de las empresas
La penetración de las empresas se da a través de una gran diversidad de asociaciones civiles. Por ejemplo, la industria farmaceútica da recursos para muchos de estos grupos que al recibir estos fondos modifican su enfoque para centrarlo en la demanda de atención a los pacientes más que en la demanda de cambio en los ambientes y las condiciones que están generando esas enfermedades.
Sus planteamientos contrastan con los logros que la ciudad de Nueva York ha adquirido en el combate a muchas de estas enfermedades a través de la prevención, de campañas contra la ingesta de refrescos, volviendo obligatorio que en todos los restaurantes te reciban con un vaso de agua en la mesa, promoviendo el transporte público para reducir la contaminación y aumentar la actividad física de las personas, desarrollando un programa de introducción masiva de frutas y verduras a través de puestos en las calles que llevan alimentos saludables a los barrios y crean empleos, entre otras. Algo que hemos demandado en el Distrito Federal, pero para lo cual no existen oídos.
A pesar de la falta de definiciones claras por parte de Naciones Unidas y los gobiernos nacionales para evitar la influencia del conflicto de interés, las experiencias exitosas marcan la dirección de las políticas y un numeroso grupo de expertos de institutos de salud pública y de universidades, y funcionarios de organismo públicos nacionales e internacionales, realmente comprometidos con la salud pública, presionan para que prevalezca el interés común sobre el privado.
La Declaración no será completa, no tendrá la fuerza que debería, la que estaría relacionada con la magnitud del problema, sin embargo, será un punto de partida.
Por Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, de México.
En pocas palabras: ¿Debería, por ejemplo, Bimbo participar en la definición del tipo de alimentos que pueden venderse al interior de los planteles escolares? En el mismo sentido: ¿Debe participar la industria procesadora de alimentos en la financiación de estudios para evaluar el impacto que tiene en la salud el consumo de los alimentos que produce?
En este último caso, existe ya una práctica común en muchas revistas científicas de hacer público si existe un conflicto de interés entre los expertos que desarrollaron una investigación. Entre las decenas de investigaciones realizadas para evaluar la relación que existe entre el consumo frecuente de refrescos y el riesgo de sobrepeso y obesidad, sólo unas cuantas han encontrado que esta relación no existe. Curiosamente, estos estudios han sido patrocinados, en el caso de los Estados Unidos, por la Asociación de Bebidas.
El conflicto de interés es necesario hacerlo visible e impedir que se filtre y, de manera oculta, distorsione el conocimiento e impida que las políticas públicas sean eficientes para proteger el interés colectivo y, en este caso, la salud pública.
Durante la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas para enfrentar las Enfermedades No Transmisibles, que se realiza en Nueva York este 19 y 20 de septiembre, ha surgido la Coalición contra el Conflicto de Interés, conformada por más 140 organizaciones civiles, algunas de ellas, federaciones que a su vez agrupan a decenas de organizaciones, como es el caso de Consumers International, que agrupa a 220 asociaciones.
La Coalición está pidiendo a las Naciones Unidas:
1. Reconocer y distinguir entre las organizaciones sin interés de lucro creadas por las empresas y las organizaciones no gubernamentales de interés público. Actualmente, las Naciones Unidas agrupa a ambas, sin distinción, bajo el concepto de “sociedad civil”.
2. Desarrollar un “código de conducta” dentro de la ONU que establezca claramente un marco que regule sus relaciones e interacción con la industria procesadora de alimentos y bebidas para manejar abiertamente el conflicto de interés.
Empezando por esto último, Naciones Unidas no puede considerar a la industria como una parte en la elaboración de las políticas. El interés y la obligación de la organización mundial y los gobiernos nacionales es preservar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, y debe actuar en ese sentido. Ése debe ser el objetivo central de la Declaración Política de esta reunión de Alto Nivel.
Doble estándar
En el proceso de elaboración de esta Declaración Política, que no tiene otro objetivo más que combatir las enfermedades que se expanden como epidemia por el planeta comprometiendo el futuro de la población y de las finanzas nacionales, existen muchas fisuras por las cuales se filtran los intereses de quienes no quieren ver políticas efectivas que reduzcan sus ganancias. Estas fisuras existen a diversos niveles.
Por ejemplo, mientras la mayor parte de las naciones europeas recomiendan en sus territorios que el consumo de sal no rebase los 5 gramos al día, esos mismos países se niegan a que una recomendación así quede en la Declaración.
Lo que recomiendan a sus ciudadanos no quieren que sea una recomendación para el resto del mundo. La única razón es que protegen el actuar de sus empresas en el resto de los países. Una recomendación de ese tipo debería de llevar a implementar políticas, entre otras, de una fuerte reducción de la sal en los productos altamente procesados.
Más ejemplos
El ejemplo de la sal es solamente uno. En la redacción de la Declaración está claramente mencionada la Convención sobre el Tabaco, donde se habla de ambientes libres de humo. Sin embargo, no hay ninguna mención sobre los ambientes obesigénicos, y, en especial, los ambientes obesigénicos infantiles, cuando existen ya documentos de la Organización Mundial de la Salud que identifican estos ambientes como la causa de la epidemia.
No se habla de la necesidad de alimentos saludables en los planteles escolares, del desarrollo de etiquetados en los alimentos que realmente sea orientador para los consumidores, de establecer el derecho de acceso a agua potable.
Penetración de las empresas
La penetración de las empresas se da a través de una gran diversidad de asociaciones civiles. Por ejemplo, la industria farmaceútica da recursos para muchos de estos grupos que al recibir estos fondos modifican su enfoque para centrarlo en la demanda de atención a los pacientes más que en la demanda de cambio en los ambientes y las condiciones que están generando esas enfermedades.
Sus planteamientos contrastan con los logros que la ciudad de Nueva York ha adquirido en el combate a muchas de estas enfermedades a través de la prevención, de campañas contra la ingesta de refrescos, volviendo obligatorio que en todos los restaurantes te reciban con un vaso de agua en la mesa, promoviendo el transporte público para reducir la contaminación y aumentar la actividad física de las personas, desarrollando un programa de introducción masiva de frutas y verduras a través de puestos en las calles que llevan alimentos saludables a los barrios y crean empleos, entre otras. Algo que hemos demandado en el Distrito Federal, pero para lo cual no existen oídos.
A pesar de la falta de definiciones claras por parte de Naciones Unidas y los gobiernos nacionales para evitar la influencia del conflicto de interés, las experiencias exitosas marcan la dirección de las políticas y un numeroso grupo de expertos de institutos de salud pública y de universidades, y funcionarios de organismo públicos nacionales e internacionales, realmente comprometidos con la salud pública, presionan para que prevalezca el interés común sobre el privado.
La Declaración no será completa, no tendrá la fuerza que debería, la que estaría relacionada con la magnitud del problema, sin embargo, será un punto de partida.
¿Dejar participar las empresas de alimentos procesados a esta cumbre, no es lo mismo invitar a narcotraficantes a un foro donde se define la regulación de y los castigos por vender drogas a niños y jóvenes?
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