Los centros académicos y la temática de la protección del consumidor

Incorporar la temática de la protección del consumidor en el mundo académico ha sido siempre una preocupación de Consumers International y de sus organizaciones miembros en todo el mundo. En el caso de América Latina se pueden constatar los avances alcanzados, si tenemos en cuenta que cuando se creó la oficina regional hace 25 años eran muy escasos los centros académicos que mostraban interés por esta temática.

Escribe Juan Trímboli, jefe de la oficina para América Latina y el Caribe de Consumers International.

Actualmente son muchas las universidades, especialmente sus facultades de ciencias jurídicas y economía, que han incorporado temas relacionados con la protección del consumidor en sus actividades académicas.

Es en este escenario que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, de mucho prestigio en Chile, organizó recientemente las Jornadas de Derecho Económico, poniendo como tema los recientes esfuerzos legislativos destinados a fortalecer los derechos del consumidor.

Durante una semana, profesores e investigadores, abordaron temas tales como: las insuficiencias legislativas en el caso del fraude de la multitienda La Polar, que perjudicó a mas de un millón de consumidores; los contratos de adhesión en el área financiera; las modificaciones a los procedimientos en materia de intereses colectivos y difusos; los servicios domiciliarios y los educacionales; el rol de las organizaciones de consumidores en relación con la mediación, el arbitraje y la solución de conflictos entre consumidores y proveedores.


Este último tema fue planteado por Pablo Rodriguez, ayudante del departamento de derecho económico y presidente de la FOJUCC, organización miembro de Consumers International. Sin duda que los resultados de los debates ocurridos en esta jornada constituyen un aporte relevante para continuar mejorando la calidad y eficacia de la legislación chilena en materia de protección del consumidor.


Fui invitado a exponer, en representación de Consumers International, y me pareció apropiado ubicar los temas debatidos en un contexto más amplio, tratando de mostrar como este tipo de aportes se van materializando en iniciativas y resultados a nivel global, regional y nacional. En definitiva, lo fecundo que puede ser el debate académico cuando sus resultados se enlazan con la acción de las organizaciones sociales y son a la vez asumidos desde instancias intergubernamentales. 

Son varios los ejemplos que pudimos mencionar para corroborar lo señalado. Por ejemplo, los Códigos Internacionales sobre distribución y uso de pesticidas y sobre la Comercialización de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidos a niños y niñas; o los Criterios Éticos para la promoción de los medicamentos; o los recientes resultados alcanzados en el G20 en el ámbito de los servicios financieros. Y por el carácter de la Jornada nos detuvimos especialmente en las Directrices para la Protección del Consumidor aprobadas por Naciones Unidas en 1985 y que ha constituido una base sólida para el desarrollo de la legislación en América Latina y a nivel global. Todos estos resultadfos se deben al esfuerzo de las organizaciones de consumidores, al aporte de sus técnicos, así como a los aportes provenientes del mundo académico.

Y cuando se alcanzan resultadps, a pesar de todos los obstáculos existentes, estamos reduciendo la exposición de los consumidores, entre otros problemas, a las prácticas comerciales irresponsables, a la publicidad engañosa, a la comercializaicón, de productos inseguros y fármacos peligosos, a una cultura y práctica abusiva en materia de servicios financieros.

En la jornada de la Universidad de Concepción, la protección del consumidor financiero fue una preocupación importante. Y nosotros quisimos aportar con una explicación de los contenidos y perspectivas de la Ley Modelo de Insolvencia Familiar para América Latina y el Caribe, recientemente presentada por Consumers International y que contó para su redacción con una destacada participación de académicos de países de la región y de Europa.

Como ocurrió con las Directrices de Naciones Unidas, ahora se trata de que esta Ley Modelo se traduzca en propuestas nacionales que equilibren una situación que viene ocupando un lugar cada vez mayor en la realidad de los consumidores: los graves problemas personales, familiares y sociales derivados del endeudamiento y sobreendeudamiento. Se trata que los consumidores cuenten con una ley que les permita salir de la situación de sobreendeudamiento con garantías tanto para ellos como para sus acreedores.

Finalmente algo que ya ocurre con las empresas, las que cuentan con mecanismos establecidos para enfrentar situaciones económicas que las llevan a la cesación de pagos o a dificultades para hacer frente a sus deudas.

La propuesta de una Ley Modelo de Insolvencia Familiar fue recibida con mucho interés en la Jornada de Concepción, tal como ya ocurre en varios países de la región.