15 de marzo: transversalidad de la industria del abuso sale a la luz

Ha transcurrido un nuevo 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor.  Una vez más las organizaciones de consumidores de la región demostraron que son el sustento principal para seguir ampliando la brecha de los derechos y cerrar el paso a los abusos del mercado contra la ciudadanía.

Escribe Juan Trímboli, director de CI para América Latina y el Caribe.

En casi todos los países se realizaron celebraciones marcadas por el compromiso y el entusiasmo. Hubo denuncias, fuertes denuncias contra los abusos, pero también propuestas, iniciativas tendientes a encontrar coincidencias con los otros actores relevantes en las relaciones de consumo: el Estado y las empresas.

Es interesante constatar que las celebraciones no se limitaron a un solo día. En varios países las organizaciones y agencias gubernamentales, miembros de Consumers International, organizaron actividades que cubrían de dos días a una semana. Ello facilitó el diálogo con la ciudadanía sobre un amplio abanico de temas. Las características de este 15 de marzo permitieron que cada organización buscara aquellas temáticas más urgentes de cada realidad nacional. Esto evidenció la transversalidad regional de algunos temas, así como la magnitud de los abusos que se cometen y que se ven favorecidos por  legislaciones frágiles, ausencia de regulación y fiscalización, así como la falta de voluntad política por parte de autoridades para enfrentar y dar solución a los problemas existentes.

 

Este 15 de marzo puso nuevamente en evidencia que la cancha del mercado es despareja, que este es imperfecto y que existe una verdadera industria del abuso que daña, generando ira y frustración en aquellos que confían en el funcionamiento del mercado, en la existencia de una justicia para todos, en la responsabilidad social de la empresas.

Y esta industria del abuso está presente en los ámbitos más diversos del mercado: en los servicios básicos, en las tecnologías digitales y la banda ancha, en los alimentos, en los servicios financieros, en la publicidad, y podríamos seguir ampliando la lista. Como bien se ha dicho, cuando las reglas del juego solo funcionan  para algunos, y cuando quienes ganan son siempre los mismos, entonces el juego pierde legitimidad, los consumidores se sienten inconformes y la democracia se ve innecesariamente dañada.

Es absolutamente necesario que el mercado de bienes y servicios funcione con  transparencia y que la economía esté al servicio de las personas. El nivel de abusos existente desecha la idea que hay que dejar al mercado la solución de todos los problemas que afectan a los consumidores. Entre todos los temas que las organizaciones abordaron el 15 de marzo, hay dos que sirven de ejemplo a lo señalado.

En países de la región alrededor del 40 % de las personas admite ingerir regularmente papas fritas, galletas, hotdogs o pizzas para aplacar con rapidez su apetito.  En un reciente libro  de Michael Moss ,“Sal, azúcar, grasa: cómo los gigantes de la comida nos sedujeron”, se muestra en forma por demás convincente cómo la industria alimentaria ha realizado por años sofisticadas investigaciones científicas para atraer a las personas al consumo de la comida chatarra.   El autor muestra como, por ejemplo,  las empresas estudian imágenes de resonancia magnética cerebral para verificar como reaccionamos neurológicamente a componentes como el azúcar y la sal.  

Es  difícil pensar que el mercado y la autoregulación resuelvan este asunto que agrede con fuerza la salud de la personas y  que hace que el estado incurra en gastos extraordinarios en materia de salud pública. Se requiere legislar, se requiere etiquetar en forma sencilla y clara los envases: se requiere regular.

Otro buen ejemplo es el comportamiento de las instituciones financieras. El uso de las tarjetas de crédito y débito se está convirtiendo paulatinamente en un sistema de pago habitual en varios países de la región.  En el caso de Chile, donde las ganancias de los bancos el año 2011 alcanzaron la cifra de 3.493 millones de dólares y el endeudamiento de los hogares casi se duplicó en la última década llegando al 39% del Producto Interno Bruto, el número de transacciones que se realizan con tarjetas de crédito pasó de 2 millones en  el año 2000 a 365 millones el año 2011. Y el funcionamiento de este mecanismo, que permite un lucro desmedido para el sistema financiero,  es desconocido para la inmensa mayoría de los consumidores. Lo que podría ser un medio de pago que ayudara a adelantar el consumo de ciertos bienes en el tiempo, se convierte en un instrumento para el sobreendeudamiento de los consumidores, especialmente para amplios sectores que perciben muy bajos salarios. Y esto tampoco lo resuelve el mercado, requiere de regulaciones precisas, de una especial atención por parte del Estado.  

Lo señalado nos muestra la necesidad de persistir en la consigna que orientó las actividades del pasado 15 de marzo, “Justicia para los consumidores ahora!” Seguiremos presionando, mediante acciones regionales, por  una nueva acción pública del Estado que asegure un  efectivo cumplimiento de los derechos y para que las empresas asuman  su responsabilidad en toda la cadena de producción, respetando a los consumidores, los trabajadores y el medio ambiente. Tienen  que haber mejores legislaciones en cada país y las Directrices de la Naciones Unidas tienen que ser perfeccionadas. Las organizaciones de consumidores tienen que contar con la confianza y el respaldo efectivo del Estado porque trabajan por el bien público. Solo así podremos poner límites a esos abusos que abundan y que indignan.