Agua: vital para la salud de los consumidores y derecho humano no gratis

Hubert Linders de CI analiza el agua desde diversos enfoques tras participar en dos reuniones, una sobre políticas tarifarias y regulatorias, y otra sobre  gestión comunitaria de este recurso.

Lo paradójico, dice, "es que según comentarios en ambas reuniones muchos consumidores aparentemente no tienen recursos para pagar la factura del agua, mientras tienen televisores plasma y teléfonos celulares de última generación. Resisten que suban las tarifas, basándose en que el acceso al agua es un derecho humano. Sin embargo, no ven que pagan por el servicio y no por el agua en sí misma".

Hace poco participé en dos reuniones sobre agua, con perspectivas muy distintas pero con el derecho al agua potable y saneamiento en común. La primera reunión fue organizada por CEPAL, el 8 de julio, con el tema “Políticas Tarifarias y Regulatorias en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el derecho humano al agua y saneamiento”.

Fue una reunión con mucha información porque todos los entes reguladores invitados querían contar sus experiencias muy diversas. En algunos países ni siquiera existe un ente regulador, en otros reguladores no disponen de recursos para contratar personal adecuadamente capacitada y/o no tiene suficiente independencia para hacerse cargo de su importante labor. En varios países, la regulación se formó en los años en que querían privatizar el suministro del agua y generalmente sin consultar a los usuarios, así protegiendo los intereses del sector privado.

En algunos países, donde los gobiernos anteriores habían privatizado el suministro de agua potable, están dando pasos atrás. Argentina, por ejemplo, está re-estatizando el servicio en ciertos casos, mientras Colombia mostró la falta del desempeño de las empresas privadas comparado con las públicas o públicas-privadas.

Otro tema fue el acceso al agua como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. América Latina está en camino de lograr reducir a la mitad la gente que no tenía acceso al agua en 2005 para 2015, aunque uno de cada cinco países probablemente no lo logrará. La situación acerca del saneamiento es bastante peor: 54% de los países probablemente no lograrán el objetivo puesto en los ODM. Tiene mucho impacto en la salud de niños de menos de 5 años. Mundialmente muere un niño cada 21 segundos por falta de acceso a agua y saneamiento, reconocido por la ONU como un derecho humano.

Este derecho al agua y saneamiento, no significa que el acceso tenga que ser gratis. Más aún porque eso no incentivaría al uso sustentable del agua. Sin embargo, hay que buscar formas de subsidiar a los ciudadanos más vulnerables sin acceso al agua de tubería, pagando mucho más por agua embotellada o que llega en aljibes. Aparte de efectos en salud, también la falta del agua afecta a la educación, porque los niños faltan más la escuela y especialmente las niñas están encargadas de conseguir el agua. A su vez disminuye las posibilidades de estas familias de salir de la pobreza. Por lo tanto, invertir en acceso al agua tiene muchos efectos positivos.

A finales de julio, llegaron más de 400 personas al IV Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua, en Paraguay, organizado por AVINA. Allí se discutieron los problemas que tienen las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento (OCSAS). De estas hay unas 80,000 en América Latina. Juntas suministran agua a más de 40 millones de consumidores, mayoritariamente en zonas rurales y peri-urbanas. En algunos países las OCSAS suministran agua a 25%–40%  de la población.

Llegaron representantes de OCSAS desde 14 países latinoamericanos, aparte de algunas agencias de cooperación internacional que se preocupan por el acceso al agua. Son organizaciones de base, casi siempre conformadas por voluntarios que trabajan para mejorar el acceso al agua de sus comunidades. Les falta a veces la capacidad técnica, herramientas, conocimiento o no tienen acceso a cloro para desinfectar el agua. La idea del encuentro es juntarlas e intercambiar experiencias, apoyarse entre ellas y presentar los avances de los proyectos durante el año pasado.

La solidaridad es su fuerte por que funcionan en comunidades pobres. Al mismo momento puede ser una debilidad. ¿Qué hacer si una familia no puede pagar la tarifa mínima del uso del agua? Los ingresos de las OCSAS son necesarios para mantener el sistema de suministro funcionando, pero cuando no hay micro-medidores, es difícil establecer el consumo y decidir cortar el servicio. Pero con cifras de 40% de usuarios morosos, también les falta capital para invertir y mejorar estos sistemas o aumentar las conexiones.

Lo extraño y paradójico es que, según comentarios en ambas reuniones, muchos consumidores aparentemente no tienen recursos para pagar la factura del agua, mientras tienen televisores plasma y teléfonos celulares de última generación. Resisten que suban las tarifas, basándose en que el acceso al agua es un derecho humano. Sin embargo, no ven que pagan por el servicio y no por el agua en sí misma. Es aquí donde los pequeños proveedores, entes reguladores, junto a organizaciones de consumidores tienen que educar a los usuarios que también tienen obligaciones.

Es obvio que es una solución parcial al problema del acceso al agua. En las ciudades funcionan empresas grandes proveyendo el agua. Donde los entes reguladores no pueden fiscalizar los servicios, no tienen acceso a la información necesaria o no pueden actuar legalmente en caso de no cumplimiento, en general los consumidores son las víctimas de un servicio deficiente. Allí también es necesario que los miembros de CI tomen posiciones, porque el tema de agua sigue siendo un tema importante para los consumidores en nuestra región, sea en las ciudades o en las áreas rurales o peri-urbanas.