En este artículo, PABLO RODRÍGUEZ ARIAS, Coordinador de Servicios y Contenidos de FOJUCC, organización juvenil de consumidores con asiento en Concepción (Chile), se pregunta si no ha llegado ya el momento de “mejorar los proyectos de ley que se están discutiendo sobre los derechos del consumidor y la libre competencia”, para que de una vez por todas, los consumidores y consumidoras sean protagonistas de un texto normativo que signifique real garantía de derechos.
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Como lo hemos conocido a través de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), nuevamente en Chile somos víctimas de una colusión de precios entre dos empresas que manejan gran parte del mercado de productos de papel, particularmente el llamado tissue (absorbentes, higiénicos, y otros similares), con alrededor de un 90% de participación.
Estas empresas son la CMPC, ligada al grupo empresarial Matte y con productos tan emblemáticos y cotidianos como Elite, Nova, Noble, Ladysoft y Babysec; y la empresa SCA (ex pisa) con productos como Favorita y Magiklin.
La FNE ha presentado un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de ambas empresas por haber creado y participado de un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta de productos de la categoría de papel tissue (todos aquellos derivados de la pulpa de papel que, por su textura y capacidad absorbente, satisfacen necesidades de higiene y limpieza en general).
La misma Fiscalía comunica que serían alrededor de diez años el período en que se mantuvo este cartel, calificándolo como “uno de los mayores casos de colusión detectados en el país… Su gravedad radica tanto en su extensión en el tiempo como en la masividad del mercado que afectó y la casi nula sustitución de estos productos”.
Acá la verdad, más que desarrollar la noticia (que nos parece muy relevante y que agradecemos que algunos medios de comunicación lo estén haciendo), queremos reflexionar sobre lo que sucede y puede seguir sucediendo.
Después de leer el requerimiento que presentó la FNE al TDLC, queda en evidencia la impunidad en la cual actúan empresas inescrupulosas, que mediante actos delictivos y fraudulentos (como crear casillas electrónicas sólo para efectos de concertar los precios; entregar mano a mano la información de manera clandestina; inventarse nombres para intercambiar información; o acordar lugares estratégicos de reunión) vulneran el estado de derecho y toda la institucionalidad vigente, el mercado y sus principios fundantes, pero, por sobre todo, dañan a los consumidores y la confianza que estos tienen en los competidores.
Más aún, con gran desfachatez se acogen a la delación compensada, confesando su conducta ilícita y solicitando formalmente la rebaja de la multa que se le aplicará, a lo que la FNE accedió. Es decir, se les premia por confesar un hecho absolutamente reprochable.
Ya en el siglo XX el Estado chileno tenía una responsabilidad sobre este tipo de conductas, castigando con cárcel a aquellos que incurrieran en tales actos, situación que fue desechada durante la dictadura militar y que terminó totalmente sepultada en el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos, por considerar que era “innecesario e inocuo” un delito económico, como el de colusión, que en ese entonces sí contemplaba el Decreto Ley 211.
El asunto es que en este preciso momento, donde hay una realidad nacional crispada por especulaciones y realidades de un momento económico menos próspero que el acostumbrado (pero no por eso en recesión) y con una crisis política latente, se avanza en la discusión de dos proyectos de ley: uno que fortalece al Servicio Nacional del Consumidor (no así el sistema nacional de protección de los consumidores); y otro que modifica el cuerpo normativo del D.L N°211 y que avanza al fortalecimiento de la institucionalidad que lo regula, las multas que se aplican y a la restitución del delito de colusión, entre otros aspectos.
Estos hechos nos demuestran que se debe avanzar, pero con convicción, con los ojos puestos en la realidad nacional y convocando a todos los actores que conforman el Mercado, dado que no se puede entender que el gobierno siga enceguecido en sus dogmas y no permita participación alguna de los consumidores organizados en todas las discusiones que se están llevando adelante.
Es acá donde se requiere control ciudadano activo, con auténticas potestades acusatorias y que puedan aportar y apoyar a la labor del Estado de regular y vigilar la buena convivencia y competencia.
El llamado es a aprovechar este momento para mejorar los proyectos de ley que se están discutiendo sobre los derechos del consumidor y la libre competencia, y a que de una vez por todas los consumidores y consumidoras seamos protagonistas de un texto normativo, que no sólo privilegie el enriquecimiento de corporaciones, y apueste por un crecimiento económico egoísta, que “no chorrea” (como nos contaron), sino que signifique real protección, beneficio y garantía de derechos humanos económicos en el mercado de bienes y servicios.
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