Con la excusa de la crisis económica, el Gobierno de España ha decidido eliminar el Instituto Nacional del Consumo (INC), el único organismo autónomo con competencias transversales en materia de protección de los consumidores creado en 1975, escribe Paco Sánchez Legrán, Presidente de FACUA – Consumidores en Acción.
Esta medida, adoptada por la derecha española, provocará que esta institución que llevaba 37 años funcionando sea fagocitada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) y se convierta en un mero apéndice de ella, lo cual supone para FACUA–Consumidores en Acción un grave retroceso y una muestra clara de la falta de interés del gobierno de Mariano Rajoy por la protección de los consumidores y el control del mercado.
FACUA advierte que, precisamente, en esta época de crisis económica deberían priorizarse más que nunca las políticas de defensa en materia de consumo, dada la creciente agresividad de los fraudes que se producen y la difícil situación de los consumidores en un país donde se contabilizan cerca de cinco millones de trabajadores en paro y donde se ha producido un freno en la subida de los salarios y de las pensiones.
Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular está haciendo justo lo contrario, y nos tememos que detrás de dicha medida puede esconderse el propósito de la derecha política y económica de dejar el terreno aun más abierto al sector empresarial para que pueda actuar en el mercado con menos controles, y lograr así más beneficios a costa de cometer más abusos y fraudes contra los intereses de los consumidores.
El INC fue creado en 1975 (Decreto 2950/1975, de 7 de noviembre) y dos años después se transformó en organismo autónomo (Decreto 3162/1977, de 11 de noviembre). En 1981, se adscribió al nuevo Ministerio de Sanidad y Consumo, denominación que mantuvo dicho ministerio hasta abril de 2009, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó la palabra Consumo y le incorporó las competencias en Política Social, a las que posteriormente sumó las de Igualdad.
Poco a poco, y legislatura a legislatura, se ha venido produciendo un proceso de recortes en materia de protección de los consumidores, y se ha ido pasando a un segundo o a un tercer plano la priorización de estas materias en las agendas de los distintos gobiernos. Todo lo cual se ha ido agravando también con las medidas que, paralelamente, han ido imponiendo los gobiernos de algunas comunidades autónomas que, no solo han disminuido o eliminado las subvenciones a las organizaciones de consumidores, sino que han desmantelado las estructuras de las direcciones generales de Consumo en dichos territorios.
Los derechos de los consumidores españoles se ven amenazados gravemente con las políticas conservadoras que se han impuesto en España y en Europa, y que están haciendo pagar la crisis económica a las víctimas y no a los culpables de haberla provocado.
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