12 marzo, 2014

Usuarios de telecomunicaciones en México. Los retos



DANIEL GERSHENSON, Director Ejecutivo de Alconsumidor  ofrece una mirada cruda sobre la realidad de las telecomunicaciones en México, en un contexto en que las asociaciones de consumidores no cuentan con la herramienta de las acciones colectivas para defenderse del abuso empresarial que ha sido, dice, sistemático.


En un entorno de cambios ‘puramente formales’ hay sí una esperanza: las recientes medidas que ha tomado el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, la IFETEL, sigla que ha estado en las primeras planas de los medios en México y en América Latina estos días.

Este 15 de marzo se conmemora otra edición del Día Internacional de los Derechos del Consumidor. A diferencia de incontables países en donde la figura del consumidor ciudadano se consolida, en México no tendremos mucho qué celebrar. Podríamos decir que así ha sido, desde siempre.


A casi un año y medio de iniciada, no se ven a simple vista los grandes cambios prometidos por la nueva administración de Enrique Peña Nieto, más allá del compromiso discursivo articulado por el presidente o sus acólitos. Su partido el PRI, que gobernó México como una dictablanda durante 71 años ininterrumpidos hasta las elecciones del año 2000 y volvió por sus fueros a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo en 2012, se vende ante propios y extraños como una agrupación política reformada en sus métodos y principios, que se desmarca de sus peores prácticas en el pasado.

Sin embargo, los cambios que presume parecen ser puramente formales, y para simular los defectos estructurales indistinguibles de lo que fue su trayectoria -autoritaria y corrupta- durante más de siete décadas.

El Partido Revolucionario Institucional, contradicción y enigma semántico imposible de explicar en otras latitudes, posee -guardando las proporciones- organismos equivalentes en el ámbito de la iniciativa privada. Engendros descomunales consentidos por la esfera pública, que son sus bases de apoyo más importantes y que conforman un hito en la historia de abusos empresariales sistemáticos; que han llegado a consolidar, en casos extremos, la fortuna más inmensa e incongruente del mundo (dadas las condiciones objetivas del país, que a simple vista no podría generar una cantidad tan amplia, capaz de competir en igualdad de circunstancias con el entorno de economías infinitamente más grandes) hasta que Bill Gates la desbancara. 

La esperanza 

Las historias de horror cotidiano, verdaderas crónicas malditas sazonadas con dosis de corrupción, tráfico de influencias, impunidad manifiesta y el empeño de perpetuar contra viento y marea las peores prácticas internacionales son el pan de cada día para millones que pagan cantidades estratosféricas por un servicio deficiente, lento y anacrónico.

Pendiente todavía, la efectiva liberación del yugo de consorcios depredadores, que cometen atropellos a su antojo y de ribete son premiadas por ser ‘socialmente responsables’ sin merecerlo.

A pesar de todo, hay una luz de esperanza en el camino. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), o cuando menos, una mayoría calificada de los siete comisionados, parece haber asumido en serio este compromiso a favor del interés público, tan despreciado por gobiernos y reguladores previos. 

Si en efecto se acota el poder omnímodo que hoy tienen las empresas de telecomunicaciones (sobre todo, la dominante América Móvil de Carlos Slim) y se establecen leyes secundarias claras que favorezcan ‘canchas niveladas de juego’, tal vez los usuarios de este servicio básico lleguemos –aunque tarde- a la emancipación total de la que disfrutan nuestros pares en otras naciones. No sería mucho pedir, a más de dos décadas de la privatización de la telefonía en México.

Decir que decenas de millones de usuarios somos súbditos de compañías como Telmex (telefonía fija), Telcel (su derivación móvil), o Prodigy (mastodonte de Internet, también perteneciente al mismo consorcio), es un eufemismo. Sin protección efectiva por parte del Estado, y escasamente conscientes de nuestros derechos elementales, navegamos entre la ira y el fatalismo estoico. Situación que debe cambiar radicalmente, si no queremos seguir perdiendo lugares en los índices mensurables de desarrollo social y económico.

Las acciones colectivas, que permitan que grupos de consumidores afectados puedan -mediante herramientas judiciales que los legitiman plenamente- obtener un adecuado resarcimiento económico producto de afectaciones empresariales, aún son simples aspiraciones en México. Si bien es cierto que en 2011 fueron aprobadas reformas que finalmente consagraban esta figura en nuestro sistema jurídico, su alcance es mínimo y se circunscribe a unas cuantas áreas específicas, sin que puedan iniciarse procesos amplios e incluyentes en contra de ninguno de los tres niveles de gobierno. Mecanismo discriminatorio que tendrá que pasar, algún día, la prueba constitucional del ácido.

Es un ejercicio aleccionador revisar después de que fueron declarados entes dominantes en sus respectivos nichos, las condiciones para Telcel (la cual, junto con Televisa: Tiranosaurio Rex de la televisión latinoamericana, propiedad de Emilio Azcárraga; suerte de Estado opaco: virtual y cómplice, existen en sus actuales condiciones para perpetuar modelos autoritarios de gobernanza), y que fueron recién impuestas por el antes mencionado Instituto Federal de Telecomunicaciones, del que Adriana Labardini, ex directora general de Alconsumidor, asociación civil sin fines de lucro y defensora a ultranza del bien común, es actual integrante. 

Los cambios 

Entre las medidas señaladas, las empresas del Godzilla telefónico tendrán que desagregar su ubicua red local; también, someterse a regulación especial, aplicable a su condición de agente económico preponderante. Deberá compartir la red de su propiedad: torres, ductos, etc., con sus competidores. Ya no podrán aplicar costos por roaming nacional, cargo que –junto con el sobreprecio vía interconexiones- constituía una fuente inagotable de recursos indebidos. Contenidos audiovisuales que antes se ofrecían en exclusiva, no podrán serlo más. Ciertas tarifas onerosas en el servicio serán, a partir de la entrada en vigor de los lineamientos, sometidas a controles específicos por el organismo regulador de referencia. 

La lista es mucho más extensa; su adecuada implementación, un reto de dimensiones imprevistas. Ciento ochenta y cuatro obligaciones totales para el descomunal monstruo (y cuatro separadas para otro, su versión espejo y rival: Televisa), que idealmente deberán fomentar la competencia, mejoras sustanciales en el servicio y satisfacción del usuario final.

Persiste una duda. ¿Habrá voluntad para actuar en consecuencia y desincorporar como se hizo con el monopolio norteamericano de American Telephone and Telegraph a principios de los ochenta en el siglo pasado, si acaso los infractores no cumplen? De cómo se perfile una respuesta que llene las expectativas depende, en muchos sentidos, el futuro y la salud de la sociedad mexicana. 

Se espera que vengan cambios impostergables, aunque el ánimo celebratorio se antoja prematuro. Empero, habrá que concederle a IFETEL, a pesar del sano escepticismo que debe uno ejercer bajo las circunstancias, el beneficio de la duda.

Aumentan las exigencias colectivas y la educación del ciudadano consumidor. Quizás el 15 de marzo de 2015 tengamos oportunidad -ahora sí- de festejar logros concretos e irreversibles que sí nos beneficien. Por lo tanto, a pesar de obstáculos institucionales y tropiezos manifiestos, debemos fortalecer como nunca #derechostelefónicos.