El director de CI para América Latina y el Caribe, JUAN TRÍMBOLI, se refiere en este artículo a la nueva ley del consumidores en debate en Chile que, de ser aprobada como está, podría poner esta legislación en línea con la de los países de la OCDE, entidad a la cual ese país pertenece.
Aunque varias de las medidas planteadas en el proyecto "son todavía perfectibles", dice Trímboli, "parece evidente la existencia de una clara voluntad política de elevar los
estándares de la protección del consumidor en Chile".
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Un importante
debate político se ha instalado en Argentina y Chile como consecuencia de la
presentación, por parte de las autoridades gubernamentales, de proyectos de ley
que reforman en forma sustantiva la institucionalidad de protección de los
consumidores.
El caso argentino, que abordaremos en un próximo artículo, parece estar concitando el apoyo de la sociedad civil y en particular de las organizaciones de consumidores de dicho país.
En Chile, las principales modificaciones anunciadas por la Presidenta Michelle Bachelet apuntan a fortalecer el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) mediante la asignación de mayores recursos y de un aumento significativo de la planta funcionaria. Esto se corresponde con las nuevas atribuciones efectivas que el Proyecto de Ley le otorga al SERNAC para fiscalizar; sancionar con multas -cuyos montos son aumentados-y ordenar la restitución de cobros abusivos; interpretar la normativa e impulsar mediaciones colectivas regulando su procedimiento.
Al mismo tiempo, el proyecto de ley habilita para que en las acciones colectivas se pueda demandar la reparación del daño moral que afecte a los consumidores. También el proyecto anuncia medidas que se orientan al fortalecimiento de las organizaciones de consumidores y en esa perspectiva ubica mecanismos destinados principalmente a la viabilidad financiera de las mismas.
Si bien estas iniciativas y otras que contiene el proyecto de ley son todavía perfectibles, parece evidente la existencia de una clara voluntad política de elevar los estándares de la protección del consumidor en Chile. Ello se corresponde tanto con el mayor grado de conciencia que los consumidores han ido adquiriendo en lo relacionado con la defensa de sus derechos, como también con los cambios sustantivos que se han operado en el mercado de bienes y servcios en los últimos años, tales como una mayor variedad en la oferta de bienes y servicios a los consumidores, la apertura de los mercados mundiales, la incorporación de nuevas tecnologías.
Por su parte fuertes gremios empresariales han entrado en el debate para manifestar su preocupación con las mayores atribuciones que tendría el SERNAC y en esta postura se destacan especialmente las entidades bancarias, el retail y las empresas de telecomunicaciones. Uno de los argumentos centrales es que un SERNAC con este tipo de facultades es innecesario y que de tenerlas amenaza el buen funcionamiento de los mercados.
El director del SERNAC, Ernesto Muñoz, ha replicado, señalando que el proyecto de ley es una iniciativa balanceada que va en linea con los estándares existentes en los países de la OCDE. Efectivamente, tanto en América Latina como en el contexto de los países de la OCDE, el SERNAC sería la única agencia que no tiene, por ejemplo, facultades fiscalizadoras, lo que constituye una brecha tanto legal, como de expectativa de los consumidores que con mayor conciencia de sus derechos esperan del Estado una protección mas efectiva.
El debate ya está instalado en el parlamento y allí se mejorará lo que sea necesario, por ejemplo en materia del fortalecimiento de las organizaciones de consumidores donde el proyecto de ley es todavía débil. Hay espacios y posibilidades para materializar la idea que la proteccion de los consumidores tiene que ser una tarea de todos y no exclusivamente del Estado.
En momentos en que desde Consumers International estamos trabajando intensamente para mejorar las Directrices de Proteccion del Consumidor de Naciones Unidas, los procesos en marcha en Chile y Argentina son una buena noticia para los consumidores y la sociedad en general.
El caso argentino, que abordaremos en un próximo artículo, parece estar concitando el apoyo de la sociedad civil y en particular de las organizaciones de consumidores de dicho país.
En Chile, las principales modificaciones anunciadas por la Presidenta Michelle Bachelet apuntan a fortalecer el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) mediante la asignación de mayores recursos y de un aumento significativo de la planta funcionaria. Esto se corresponde con las nuevas atribuciones efectivas que el Proyecto de Ley le otorga al SERNAC para fiscalizar; sancionar con multas -cuyos montos son aumentados-y ordenar la restitución de cobros abusivos; interpretar la normativa e impulsar mediaciones colectivas regulando su procedimiento.
Al mismo tiempo, el proyecto de ley habilita para que en las acciones colectivas se pueda demandar la reparación del daño moral que afecte a los consumidores. También el proyecto anuncia medidas que se orientan al fortalecimiento de las organizaciones de consumidores y en esa perspectiva ubica mecanismos destinados principalmente a la viabilidad financiera de las mismas.
Si bien estas iniciativas y otras que contiene el proyecto de ley son todavía perfectibles, parece evidente la existencia de una clara voluntad política de elevar los estándares de la protección del consumidor en Chile. Ello se corresponde tanto con el mayor grado de conciencia que los consumidores han ido adquiriendo en lo relacionado con la defensa de sus derechos, como también con los cambios sustantivos que se han operado en el mercado de bienes y servcios en los últimos años, tales como una mayor variedad en la oferta de bienes y servicios a los consumidores, la apertura de los mercados mundiales, la incorporación de nuevas tecnologías.
Por su parte fuertes gremios empresariales han entrado en el debate para manifestar su preocupación con las mayores atribuciones que tendría el SERNAC y en esta postura se destacan especialmente las entidades bancarias, el retail y las empresas de telecomunicaciones. Uno de los argumentos centrales es que un SERNAC con este tipo de facultades es innecesario y que de tenerlas amenaza el buen funcionamiento de los mercados.
El director del SERNAC, Ernesto Muñoz, ha replicado, señalando que el proyecto de ley es una iniciativa balanceada que va en linea con los estándares existentes en los países de la OCDE. Efectivamente, tanto en América Latina como en el contexto de los países de la OCDE, el SERNAC sería la única agencia que no tiene, por ejemplo, facultades fiscalizadoras, lo que constituye una brecha tanto legal, como de expectativa de los consumidores que con mayor conciencia de sus derechos esperan del Estado una protección mas efectiva.
El debate ya está instalado en el parlamento y allí se mejorará lo que sea necesario, por ejemplo en materia del fortalecimiento de las organizaciones de consumidores donde el proyecto de ley es todavía débil. Hay espacios y posibilidades para materializar la idea que la proteccion de los consumidores tiene que ser una tarea de todos y no exclusivamente del Estado.
En momentos en que desde Consumers International estamos trabajando intensamente para mejorar las Directrices de Proteccion del Consumidor de Naciones Unidas, los procesos en marcha en Chile y Argentina son una buena noticia para los consumidores y la sociedad en general.
2 comentarios:
Mui oportuno articulo de Juan.Esperamos que en Argentina y en Chile la defensa del consumidor llege al más alto grado. Eso és bueno pra toda la America del Sur. Vamos acompañar el desarollo desde Brasil.
Esperamos ansiosos el desarrollo y Felicitamos desde REDCON Uruguay. Se necesita modernizar, potenciar y ampliar referencias comparativas en LA.
No es menor notar QUIENES se oponen y con que Argumentos de Mercado..!!!
--Saludos a Juan y a todo el equipo de CI
CPereyra
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