El Director de CI para América Latina y el Caribe, JUAN TRÍMBOLI, se refiere en este artículo al avance histórico que han significado las Directrices de Protección del Consumidor de Naciones Unidas para el desarrollo de políticas y leyes destinadas a proteger y defender a los consumidores en todo el mundo.
Trímboli destaca asimismo las nuevas Directrices que contempla el último borrador del proceso de revisión en curso y reflexiona en torno a las mejoradas posibilidades de avance que ofrecen las nuevas guías de la ONU para enfrentar los problemas de los consumidores del siglo 21.
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La reciente aprobación del texto final de la Resolución que actualiza las Directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor constituye un avance sustantivo en la materia y un nuevo logro del movimiento mundial de consumidores.
Es previsible que el mencionado texto, acordado en la 7ª Conferencia de Revisión de las Naciones Unidas en Ginebra, sea finalmente aprobado a fines de este año por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Para nosotros, latinoamericanos y caribeños, referirnos a las Directrices es tener presente el importante rol que éstas jugaron para que, a partir de su aprobación en 1985, pudiéramos avanzar significativamente en la formulación de legislaciones nacionales de protección del consumidor en nuestra región.
Si hoy podemos sentir orgullo cuando constatamos que prácticamente todos nuestros países cuentan con dichas legislaciones, esto se lo debemos, no únicamente, pero si en gran medida a ese instrumento internacional que son las Directrices.
Y no únicamente, porque para que las Directrices pudieran sensibilizar y estimular a las autoridades públicas a proponer y aprobar legislaciones nacionales, tuvo que mediar el esfuerzo permanente de las organizaciones de consumidores, de agencias gubernamentales y de académicos que ya en esos años visualizaban la importancia de este tema para la calidad de vida de nuestros pueblos y para afirmar los procesos democráticos que se abrían paso en nuestro continente.
Hoy todo este movimiento, global y regional, está más maduro y como consecuencia las Directrices se enriquecen y se hacen más eficaces con la incorporación de ejes temáticos que se corresponden con los cambios ocurridos en estos años en los ámbitos del mercado, la economía y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Consumers International, sus miembros en todo el mundo, expertos internacionales y representantes gubernamentales trabajamos arduamente por más de 3 años para que las Directrices den ahora cuenta de temas como el comercio electrónico, los servicios públicos, los servicios financieros, las buenas prácticas comerciales, el acceso a bienes y servicios esenciales, entre otros.
Quedan pendientes otros temas muy relevantes, como el acceso al conocimiento y la comercialización responsable de alimentos, bebidas y tabaco, temas para los cuales faltó la voluntad política de algunos gobiernos de países desarrollados para poder avanzar.
Para materializar lo alcanzado contaremos con un Grupo Intergubernamental de Expertos, otro logro significativo que se alcanzó y que permitirá dar seguimiento a la aplicación de la Directrices y efectuar propuestas para continuarlas mejorando.
En todo este proceso el movimiento regional de consumidores ha tenido una participación más que destacada.
Las organizaciones de consumidores haciendo un lobby permanente y por su parte las agencias gubernamentales, a través del Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección del Consumidor (FIAGC), fueron muy proactivas alcanzando un rol principal que se ganó el reconocimiento de la UNCTAD, organismo responsable de Naciones Unidas para esta tarea.
Si a partir de 1985 las Directrices fueron una herramienta relevante para avanzar en la región, ahora tenemos una nueva oportunidad para hacer que los avances alcanzados con tanta dedicación, se encarnen en políticas públicas y en marcos legales en cada uno de nuestros países.
Los temas incorporados a las Directrices, servicios financieros, servicios públicos, comercio electrónico, etc, constituyen áreas muy sensibles para los derechos de los consumidores donde tenemos que influir para producir cambios necesarios y urgentes.
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