El Marco Civil es una especie de reglamento para Internet que contó con una gran participación de la sociedad civil en su elaboración pese a ser una iniciativa gubernamental, combinación no muy común.
No todo ha sido miel sobre hojuelas; en su estado actual ya tiene más de
treinta enmiendas. Y va camino a la Asamblea Plenaria, luego que la presidenta
Dilma Rousseff le haya dado urgencia constitucional a su tramitación.
Veridiana Alimonti, abogada y experta del Instituto Brasileño de Defensa
del Consumidor (Idec), dice que se requiere concebir a Internet como un espacio de derechos y no sólo de negocios o de vigilancia y que para ello se requiere movilización social y un
gobierno atento. A continuación, explica el proceso de esta iniciativa
única en el mundo hasta ahora.
Más allá del delito
El Marco Civil de Internet, proyecto
de ley de 2011, fue producto de la reacción de la sociedad brasileña a
iniciativas legislativas que regulaban
tanto a la red y a los internautas sólo desde la
perspectiva de los delitos. No es
nada raro que los avances tecnológicos y el potencial de Internet sean vistos con recelo, llevando esto a regulaciones
que favorecen la vigilancia y la
criminalización de la conducta diaria
en la red. Para enfrentar esa concepción tomó forma una Carta de Principios de Internet, por sobre la
tipificación penal, y fundamental para garantizar los
derechos.
Inspirado en los Principios para la Gobernanza y el
Uso de Internet en Brasil,
aprobados por una resolución del Comité Gestor
de Internet en 2009
el proyecto de ley fue puesto en consulta pública por el Ministerio de Justicia en una plataforma online innovadora y colaborativa. Fueron recibidas
más de 2000 contribuciones,
consolidadas en la propuesta final enviada
al Congreso en 2011. Ya en la Cámara de Diputados bajo la relatoría del diputado Alessandro Molon, el proyecto pasó por otra consulta pública y una serie de audiencias también públicas.
En 2012, el Marco Civil fue
pautado en más de cinco ocasiones para que fuera votado, pero en ninguna de ellas se hizo debido a
la resistencia, especialmente de las
empresas de telecomunicaciones y la industria de derechos de autor. La emoción no volvió de la misma forma en 2013 y durante varios meses el proyecto de ley estuvo distante de las prioridades del
Legislativo y del gobierno.
Sin embargo las revelaciones de espionaje
hechas por Edward Snowden alteraron la coyuntura
y la presidenta Dilma Rousseff
pasó a ver en el Marco
Civil parte de la
respuesta a esta situación, dando urgencia constitucional a su tramitación en el mes de septiembre.
En este régimen, el proyecto de ley pasa a bloquear la agenda de votación de
la Cámara Legislativa en que se encuentra
si no es considerada en 45 días, lo
qué ocurrirá en la Cámara de
Diputados el 28 de octubre. Después el proyecto de ley pasará al Senado, también bajo régimen de urgencia.
Los principales riesgos y controversias
que rodean el proyecto de ley son los siguientes:
Neutralidad
de la Red: La última redacción divulgada para el Artículo 9 establece que las empresas
responsables de la transmisión, conmutación
o enrutamiento debe tratar de forma neutral cualquier paquete de datos, independientemente de su contenido, origen y
destino, servicio, terminal o aplicación, siendo
admitidas excepciones sólo por requisitos
técnicos y servicios de
emergencia a ser regulados posteriormente. Con el fin de controlar la gestión del tráfico, ese Artículo también
impide que tales empresas bloqueen, controlen, analicen y supervisen el contenido de los paquetes de datos.
Este es el blanco principal
del ataque de las operadoras de
telecomunicaciones, que quieren cambiar su actual modelo de negocio para ofrecer planes de acceso a
Internet diferenciados no sólo
por la velocidad, sino por el tipo de servicio o contenido disponible.
Al mismo tiempo, algunas de las propuestas
de enmiendas a este Artículo quieren dejar claro que
éste no se opone a la práctica de
franquicia de datos, bastante común en Internet móvil. Si bien esto es discutible, la cuestión fundamental es que el Marco Civil
no debe servir a la consagración de modelos de negocio específicos de las empresas, sobre todo
cuando vienen acompañados de prácticas
abusivas, lo que ocurre con la oferta de
planes "ilimitados" con deducibles bajos y considerables reducciones en la
velocidad de navegación después de haber alcanzado
el límite de datos.
Privacidad: Esta es otra molestia para las empresas de
telecomunicaciones. El Marco Civil prohíbe que ellas guarden los datos de
navegación de los usuarios, estableciendo sólo guardar el registro de conexión
(número IP, horario de conexión y desconexión) por un año. Esa redacción impide,
por lo tanto, la comercialización por las empresas de las preferencias del
consumidor en Internet a potenciales anunciantes, así como hacen los
proveedores de aplicaciones de Internet (por ejemplo, Google, Facebook y otros
sitios). Para éstos, el proyecto prevé algunos parámetros en el uso de la
información de los usuarios que los accesen, pero permite guardar los datos.
Si
bien es cierto que Brasil tendrá que avanzar en estos parámetros, incluso
después de la adopción del Marco Civil, es cierto también que el proyecto acierta
al diferenciar el proveedor de conexión de los proveedores de aplicaciones de
Internet. Estos tienen conocimiento de lo que el usuario hace al acceder a su
sitio y están en condiciones de trazar el mapa completo de navegación de cada
uno de sus clientes.
Responsabilidad de los
intermediarios: En este punto el
problema es la industria de los derechos de autor. La versión del Marco Civil
enviada por el gobierno al Congreso contiene la regla general de que el
proveedor de aplicaciones de Internet sólo podría ser responsabilizado por el
contenido de terceros si no cumpliera una orden judicial determinando la
supresión o el bloqueo. Sin embargo, el lobby de los derechos de autor,
especialmente las Organizaciones Globo (vinculadas a la cadena de televisión
más grande del país), lograron insertar en el Artículo 15 un párrafo que
excluye la aplicación de esta norma en el caso de infracción de derechos de
autor o conexos.
El nuevo párrafo atenta contra el derecho de los usuarios al
debido proceso legal frente a pedidos de remoción de contenido considerado por
los recurrentes -y no por la Justicia- que vulneran los derechos de autor, abriendo
una excepción que no debería ser objeto del Marco Civil. Esto puede poner en
peligro la consecución de uno de los principios fundamentales del proyecto de
ley: la libertad de expresión y los derechos constitucionales relacionados con
el acceso al conocimiento y la cultura.
Almacenamiento
de datos en Brasil: Teniendo en cuenta las denuncias de espionaje, el gobierno pretende
incluir en el proyecto de ley la obligación de guardar y almacenar en Brasil
los registros y los datos relativos a las personas ubicadas en el país.
Si bien
puede facilitar la aplicación de la legislación nacional a la protección de los
datos de los brasileños y estimular la instalación de centros de datos en Brasil,
la medida no sirve al combate efectivo contra el espionaje, considerando que esa
información puede ser enviada al país de origen de la empresa, además de que
los mecanismos de vigilancia son mucho más complejos. Por otro lado, esta
medida puede conducir a una segmentación perjudicial de la red, entre otras
cuestiones. Así, las soluciones deben ser construidas a través de canales
diplomáticos y técnicos, siendo relevante que el propio Brasil avance en sus
normas de protección a la privacidad y los datos personales frente al gobierno
y a las empresas.
Desde su formulación hasta su contexto
actual, el Marco Civil
de Internet es ejemplar en lo que
respecta a los desafíos de garantizar
los principios y los derechos de los usuarios en el uso
de la red. Se necesita la
movilización de la sociedad y la
priorización del gobierno en sus políticas públicas para que realmente se establezca una regulación democrática de
Internet, que la conciba como ambiente
de derechos y no sólo de negocios
o de vigilancia. La disputa está
en pleno apogeo en Brasil y
estamos atentos para que las noticias
sean buenas.
Acceda aquí al último informe divulgado del Marco Civil (versión en portugués). El proyecto de ley 2126 de 2011 fue añadido al proyecto
de ley 5403 de 2001.
Conozca la campaña #MarcoCivilJá
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