RENATA AMARAL, investigadora
en Consumo Sustentable del Instituto
Brasileño de Defensa del Consumidor (Idec) escribe a continuación sobre los riesgos que entraña para los consumidores de Brasil la
posible eliminación de la obligación de etiquetar los
transgénicos.
La aprobación de un proyecto en este sentido pondría en entredicho varios derechos de los consumidores, marcando el retroceso de una medida ganada tras años de campañas de parte de Idec y la sociedad civil brasileña.
El etiquetado de los transgénicos en Brasil ha sido también un punto de referencia para grupos de América Latina que buscan hacerlo realidad en sus países.
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La aprobación de un proyecto en este sentido pondría en entredicho varios derechos de los consumidores, marcando el retroceso de una medida ganada tras años de campañas de parte de Idec y la sociedad civil brasileña.
El etiquetado de los transgénicos en Brasil ha sido también un punto de referencia para grupos de América Latina que buscan hacerlo realidad en sus países.
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Como si no bastara la entrada vertiginosa de los transgénicos en el país - no sólo las
semillas, sino también en los mosquitos - ahora los derechos de los consumidores
se ponen a prueba. Esta vez, en relación con el etiquetado de los
alimentos que contienen o están producidos a partir de Organismos
Genéticamente Modificados (OGM).
Después de años tratando de ponerlo en la agenda, el
proyecto de ley (PL) N°4148/08,
del Diputado Luiz Carlos Heinze, que elimina el requisito de obligatoriedad
para etiquetar los OGM, fue aprobado por
la Cámara de Diputados y ahora
espera la consideración del Senado.
Esta propuesta que se tramita en el Senado es una violación del
derecho a la información, a la
alimentación saludable y a un
medio ambiente ecológicamente equilibrado, previstos en el Código de Defensa del Consumidor y en la Constitución
Federal.
Además de lo anterior, el proyecto pasa sobre los compromisos internacionales
de Brasil en el
marco del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, un acuerdo ratificado por 150 países
que se han comprometido a adoptar
medidas para determinar la presencia de transgénicos.
Vale la pena aclarar que desde el año 2003, Brasil tiene un decreto
(Decreto Nº 4680) que contempla el etiquetado de los productos
que contengan más de 1% de OGM.
Esta norma estableció que, además de expresiones
tales como "contiene (ingrediente) transgénico" o "(producto) transgénico”, debe
aparecer en la etiqueta un símbolo y la indicación de
la especie donante del gen en la lista de
ingredientes.
A partir de este decreto, una ordenanza del Ministerio de Justicia (N°2.658 /
03) definió el símbolo: una "T" en letras mayúsculas inserta en un triángulo amarillo, que deberá figurar en el panel principal
de la etiqueta, destacándose y en
contraste de colores para
garantizar su correcta visibilidad. Todo esto para garantizar al consumidor la información adecuada y habilitar su derecho
a elegir.
El proyecto
de ley que está en trámite en
el Senado retira la obligación de usar el símbolo y la mención del gen donante, con la justificación de que este símbolo denota señal de peligro, característica que los proponentes consideran injusta para los OGM. Peor aún, determina
que estas expresiones sólo estén
presentes en aquellos productos
en los que la presencia de OGM sea
detectada mediante un análisis específico.
Se sabe, sin embargo, que la presencia del ADN del
transgénico no es detectable
vía el análisis en los alimentos procesados. Esto significa que, si se aprueba la propuesta, muchos productos
que hoy se etiquetan no lo serán en el futuro, tales
como margarinas, galletas, aceites, entre otros. No sólo estos alimentos dejarán de ser etiquetados, sino también aquellos de origen animal alimentado
con piensos modificados genéticamente.
Como
si todo ello no fuera suficiente, la responsabilidad por dicho análisis y por la fiscalización del cumplimiento de la
medida están abiertas. El
proyecto de ley crea una exigencia, que implica costos, pero no define quién es responsable de ella.
Por estas razones, Idec y más de 118 instituciones enviaron
una carta al Senado Federal,
la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia,
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento,
y a la Secretaría Nacional del Consumidor y al Ministerio Público Federal
señalando estos problemas y posibles
violaciones que la aprobación de una medida como esta podría acarrear, repudiando
totalmente el proyecto de ley.
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