Las noticias que llegan desde España son, desde hace un tiempo, alarmantes. La crisis económica que se abate sobre ella sigue adquiriendo ribetes dramáticos, día a día: más de 25 % de desocupados (parados), más de 500 desalojos (desahucios) por día, un rescate multimillonario a la banca.
Escribe Antonino Serra, consultor de CI en Servicios Financieros
Como argentino, el cuadro que veo no es desconocido: la crisis de 2001 en el país generó consecuencias casi idénticas, a lo que se sumó el tristemente célebre “corralito”, la imposibilidad de que los consumidores pudieran retirar de los bancos su dinero. Como conozco de primera mano los efectos devastadores de una crisis de este tipo, hay algunas cosas que no entiendo del manejo que están haciendo las autoridades españolas de la misma.
En primer lugar, el rescate a los bancos en crisis por cifras astronómicas (se habla de unos 100 mil millones de euros) tal vez pueda justificarse con el argumento de que la caída del sistema financiero significaría un desastre todavía mayor. Suponiendo que es así, no se comprende que la premura por acudir al salvataje de los bancos no haya sido la misma para con los consumidores. En un país en el que la gran mayoría de las personas están endeudadas, ningún rescate puede ser eficaz si no se rescata a todos los involucrados.
En el análisis que se haga de las causales de endeudamiento de los consumidores españoles no puede obviarse un hecho que es esencial a la crisis misma: los bancos (y también el estado) no sólo no tuvieron control ni regulación de los instrumentos de crédito que ofrecían sino que, en el caso de los bancos, propiciaron agresivas políticas de ofrecimiento de créditos que, a mi entender, no tuvieron correlato con la información brindada a los consumidores. Ello derivó en la triste realidad que hoy enfrentan.
En segundo lugar, deberían haber actuado mucho más rápido en relación a los desalojos, o desahucios como los llaman los españoles. Conjuntamente con el rescate a los bancos debería haberse aprobado una ley que interrumpa los desalojos por un período de tiempo. De otra manera, la crisis continuaría agravándose y el mensaje entregado a la población sería: lo urgente es salvar a la banca, los consumidores que soporten la crisis.
No sirve lo que ha declarado la asociación de bancos española en relación a la interrupción de los desalojos, porque, según he leído en los periódicos, esa interrupción se dará en los casos de extrema necesidad.
Cuando hay una crisis no puede comenzarse a discriminar a priori. Los bancos deberán hacerse cargo de la interrupción de todos los desalojos, y luego discriminar aquellos que por su característica no afecten a las personas y familias de buena fe.
Las asociaciones de consumidores comprendieron la dimensión del problema y están actuando en consecuencia.
Finalmente, la situación española es un claro – y triste – ejemplo de la necesidad de una ley de insolvencia familiar. Más allá de los desahucios, las familias españolas están endeudadas con más de un acreedor, y si se quiere solucionar la crisis es necesario que exista un instrumento que permita la renegociación de las deudas de manera integral, como lo propone una ley de este tipo.
Pienso que es indispensable que el Congreso español apruebe una ley de este tipo porque, si no lo hace, se habrá intentado solucionar parte del problema pero no el todo.
Es importante sacar lecciones de estas crisis.
Para los consumidores, es fundamental ser precavidos, estar informados, no dejarse tentar por las promesas facilistas y efectistas, indagar, y controlar el presupuesto.
Para los bancos, entender que la regulación y el control no son cepos ni cortapisas sino reglas de juego claras y precisas, y que la protección del consumidor es un derecho humano básico.
Para el estado, que controlar y regular a tiempo evitan males mayores, y que no pude librarse a su suerte a los consumidores que son, qué duda cabe, el eslabón más débil de la relación de consumo.
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