En este contexto, el autor presenta la Plataforma Pecosol-Consuacción que reivindica el Derecho Humano a la Alimentación, un proyecto en el que tanto OIKOS como la oficina para América Latina y el Caribe de Consumerrs International (CI) están involucrados.
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Sin acceso a alimentos suficientes_____________________________
Los pueblos y sociedades de Centroamérica se levantan cada mañana en un complejo conjunto de problemas sociales, económicos y políticos que oscilan entre el drama y la esperanza. 842 millones de personas padecen hambre crónica en el mundo. Resulta paradójico e inaceptable que América Latina y el Caribe, que tiene la capacidad de alimentar a tres veces su población, todavía mantenga a más de 47 millones de personas (FAO 2013) sin acceso a suficientes alimentos para llevar una vida activa y saludable.
La mayoría de los sectores empobrecidos se ubican en la economía informal, llegando a más del 65% de la Población Económicamente Activa centroamericana, por encima de la media latinoamericana del 47.7% (FORLAC, 2013); reflejo de una disfunción estructural de las economías, que se acentúa en el sector rural, en los pueblos indígenas y las juventudes (7 de cada 10 empleos nuevos son informales).
Este trabajo informal se caracteriza por la ausencia de derechos, ingresos inseguros e inexistente protección social. La pobreza les obliga a aceptar trabajos precarios o impulsar actividades de sobrevivencia, u optan por la migración (38% de la PEA).
Tras las crisis de 2008 se redujo la calidad nutricional causada por racionar los alimentos, elevándose hasta 40% la población rural en inseguridad alimentaria. Según el Mapa del Hambre del PMA 2011: en Guatemala el 49% de los niños sufre de desnutrición, en Nicaragua 21%, en Honduras el 29% y en El Salvador el 19,2%. La desnutrición en los niños y niñas es un indicador de que hay hambre en las familias, no hay hambruna sino “inseguridad alimentaria”. Paralelamente se incrementa el sobrepeso y la obesidad infantil, fruto de la malnutrición con graves implicaciones de salud pública.
El problema es político
Aunque haya habido avances en el logro del ODM 1, no se están eliminando las causas del problema porque no enfrentamos un problema técnico sino político.
Se producen alimentos para 12,000 millones de personas (somos 7,000 millones), lo que refleja la aberración del hambre en medio de la abundancia. El hambre tiene causas políticas, que tienen que ver con quién controla las políticas agrícolas y alimentarias, y quién controla los recursos naturales. La inversión extranjera se ha movido del sector inmobiliario a la especulación de tierras y alimentos abonando a una “burbuja alimentaria”.
La Inversión Extranjera Directa (IEA) está interesada en el control de los recursos (tierra, productos del subsuelo, agua, semillas, medicinas, fuentes de energía…), generándose por ello graves conflictos de Derechos Humanos con los pueblos y los territorios. Ésta IEA cuenta con el apoyo de las Políticas de Instituciones internacionales (BM, FMI, OMC…), con el refuerzo de Tratados de Libre Comercio, y con la complicidad y aprovechamiento de quienes ejercen el poder en los países. Políticas que han fomentado el hambre y el “mal desarrollo” mediante el comercio desigual; también al facilitar la entrada de productos subvencionados del Norte, de grandes multinacionales, en los países del Sur. Estos productos se venden por debajo de su precio de coste, y acaban así con la producción local autóctona y los mercados locales.
Parece que se compra barato, pero: ¿quién paga los efectos sobre el cambio climático de aquello que comemos?, ¿quién paga los costos sociales de la explotación laboral de productos de exportación?, ¿quién paga los costos de salud de tanta porquería que nos comemos?... En cuanto personas consumidoras tenemos la palabra: podemos apostar por el mercado local, adquirir alimentos de temporada, comprar directamente a campesinos-as, formar parte de grupos de consumo ecológico…
Si tenemos los recursos y capacidades para solucionar el problema y de un modo permanente… ¿Por qué no se logra? ¿Por qué se siguen interponiendo los intereses de mercado sobre los objetivos del desarrollo humano?
Políticas para la soberanía alimentaria
La crisis internacional ha puesto en evidencia la ausencia de mecanismos globales de gobernanza en el sistema alimentario mundial; pero desde el “discurso oficial” se sigue creyendo que el mercado resolverá el problema, trasladando a éste una tremenda responsabilidad que en realidad compete a los Estados y a las ciudadanías. La Alimentación es un Derecho de todas las personas y no una Mercancía para beneficio de unas pocas; y es fundamental garantizar la capacidad de los gobiernos para satisfacer el Derecho y necesidad pública de la Alimentación.
El derecho humano a la alimentación (DHA, Art.25 D.U.DDHH) impone a los Estados obligaciones jurídicas para hacer realidad el acceso y disponibilidad de alimentos adecuados para todos los seres humanos, (OG12, PIDESC).
La situación de Inseguridad Alimentaria es una vulneración al Derecho a la Alimentación y es exigible a los Estados que cumplan su obligación de respetarlo, protegerlo y garantizarlo. Su voluntad política se deberá reflejar en “otro tipo de políticas” que requieren cambios de paradigma en las lógicas de desarrollo de los países, que de hecho no se logra con reformas cosméticas.
La persistencia de los altos niveles de pobreza y desigualdad evidencia la necesidad de construir un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo modelo económico, que implica un nuevo modelo de producción y un nuevo modelo de consumo orientados a garantizar efectivamente el Derecho Humano a la Alimentación. Necesitamos políticas a favor de la soberanía alimentaria, para que la alimentación –que no es una mercancía- nos llegue de muchas, pequeñas y humanas agriculturas, de agriculturas locales y amigables con el medio ambiente.
La persistencia de los altos niveles de pobreza y desigualdad evidencia la necesidad de construir un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo modelo económico, que implica un nuevo modelo de producción y un nuevo modelo de consumo orientados a garantizar efectivamente el Derecho Humano a la Alimentación. Necesitamos políticas a favor de la soberanía alimentaria, para que la alimentación –que no es una mercancía- nos llegue de muchas, pequeñas y humanas agriculturas, de agriculturas locales y amigables con el medio ambiente.
Es imperativo que se privilegie la producción y el consumo interno de productos locales y sanos, frente a las importaciones que aniquilan el tejido productivo local, desestructuran el tejido social y desequilibran la biodiversidad.
La Plataforma
Así lo defiende el movimiento social latinoamericano. Dentro de éste, en Centroamérica se han unido la Plataforma de Economía Solidaria (PECOSOL) y la Red de Consumidores en Acción (CONSUACCIÓN) para abogar por el Derecho Humano a la Alimentación. Pretenden promover la implicación de la ciudadanía en la elaboración, diálogo-incidencia e implementación de propuestas de políticas públicas que contribuyan a garantizar el DHA.
Buscan asimismo fomentar espacios de alta representatividad social, con capacidad de movilizar la voluntad política de los gobiernos y de los tomadores/as de decisiones. Actualmente están construyendo una Plataforma Regional por el DHA, con sus réplicas nacionales.
También han iniciado un proceso de Investigación de la realidad alimentaria en Centroamérica: 1) Estudio Comparado de Legislación SSAN, y 2) Estudio de Situación SSAN e implementación de Políticas Públicas, investigación que será socializada y alimentada constantemente en el Observatorio del DHA en Centroamérica (ODHAC).
Internamente están implementando la Escuela de DHA y la Escuela Incidencia Política, para fortalecer sus propias capacidades. Y se proyectan elaborar y movilizar una agenda política por país y regional que dará lugar a la elaboración de propuestas en torno al DHA, al desarrollo de sinergias y a lanzarse al diálogo político e incidencia para el logro de cambios reales.
Por el momento, acompañamos este proceso OIKOS, Cooperação e Desenvolvimento y Consumers International, y cuentan con un apoyo financiero de Unión Europea que es ejecutado en cada país por un socio local: MTC, Guatemala; CDC, El Salvador; RED COMAL, Honduras; FEMUPROCAN, Nicaragua; y CMC, Costa Rica.
¡Habrá que estar atentos/as a este nuevo Sujeto Político!
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