22 febrero, 2013

¿Quién vigila Internet?

Mientras los gobiernos tratan de imponer su dominio en Internet, los activistas por los derechos digitales se esfuerzan por mantener la gobernanza de Internet abierta, inclusiva y controlada por la mayoría. 

Sobre estos temas escribe Jeremy Malcolm, experto en propiedad intelectual y derechos digitales de CI, a cargo del micrositio de CI A2Knetwork.org


Primera entrega de una serie de tres.

A raíz de la derrota el año pasado de la polémica ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Acuerdo comercial anti-falsificación) en Europa, y de la SOPA (Stop Online Piracy Act - Fin a la Ley de la Piratería en Internet) y PIPA (Protect IP Act - Ley de Protección de la Propiedad Intelectual) proyectos de ley en Estados Unidos, dos de los cuales pedían vigilar el uso de internet, los activistas de los derechos digitales en Occidente adquirieron naturalmente una mayor sensibilidad ante la intromisión de sus gobiernos en la libertad en Internet.

Una muestra de ello ha sido su fuerte oposición a todas las propuestas relacionadas con Internet en la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (CMTI) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en diciembre pasado.

El temor era que, si bien muchas de esas propuestas parecían modestas, eran la vanguardia de un movimiento de los gobiernos para hacer frente de manera más amplia a los problemas de gobernanza de Internet, como la libertad de expresión, la seguridad y la privacidad a través de procesos puramente intergubernamentales en lugar de los mecanismos existentes, más abiertos e inclusivos y multipartitos.

Hay tres supuestos que parecen subyacer a este temor:

  1. Los gobiernos no deberían participar en la gobernanza de Internet.
  2. Si los gobiernos se involucran en la gobernanza de Internet, sólo debe ser a nivel nacional, no a nivel global.
  3. Si los gobiernos están involucrados en la gobernanza de Internet a nivel global, ya existen mecanismos multipartitos a través de los cuales se pueden abordar todas sus inquietudes, en lugar de recurrir a la UIT.

Sin embargo, los tres supuestos son erróneos. No comprender esto es no entender las fuerzas que impulsan a muchos gobiernos a usar mecanismos intergubernamentales para establecer políticas para Internet, y pasar por alto la oportunidad que tenemos en este momento para canalizar estas fuerzas de manera más receptiva a la preocupaciones de los usuarios comunes de Internet.

De hecho, si los tres supuestos son desmentidos, se deduce que encontrar una manera más aceptable para que los gobiernos participen en la gobernanza global de Internet es imperativo. Así es que vamos a examinar esas suposiciones.


La necesidad de los gobiernos a nivel nacional

El primer supuesto, que dice que los gobiernos no tienen un papel legítimo en la gobernanza de Internet, parece tan descabellado que yo podría ser acusado de levantar un argumento del hombre de paja, sin embargo, es una seria escuela de pensamiento llamada ciber-libertaria, y fluye casi como un axioma del marco de la defensa de los derechos y libertades online (en particular de activistas de Estados Unidos) como el movimiento por la "libertad en Internet".

Más aún, este marco ciber-libertario no está reservado a aquellos que son otherwise políticamente libertarios.

Incluso activistas políticos progresistas tienden a ser más desconfiados de la intervención online del gobierno que fuera de línea, en una expresión de 'excepcionalidad' de Internet, que sostiene que Internet es diferente y merece un enfoque regulatorio de menor intervención.

Aceptar la propuesta del ciber-libertarianismo es negar cualquier papel para la intervención gubernamental a nivel nacional, en áreas que muchos de nosotros apoyamos activamente, tales como:

  • Aprobar reglas de neutralidad de la Red que impidan a los operadores de redes discriminar a determinados tipos de contenidos o servicios de Internet.
  • Proporcionar incentivos para la migración a la versión de próxima generación del protocolo de Internet, IPv6, una tarea en la que las fuerzas del mercado y las normas han fracasado manifiestamente hasta ahora.
  • Establecimiento de normas legales para la protección de los datos personales de los consumidores que van más allá de los débiles códigos de prácticas voluntarios adoptados por segmentos de la industria.
  • Extender las políticas de servicio universal para que a los consumidores de las zonas rurales se les garantice un nivel básico de servicios de Internet, permitiéndoles participar en la sociedad de la información en igualdad de condiciones con sus pares que viven en ciudades.

En 1993 o incluso en 2003, podríamos haber dado al mercado el beneficio de la duda y mantenido fuera de la regulación en estas áreas.

Pero en 2013, parece cada vez más improbable que los legítimos intereses de los consumidores a tener un acceso asequible a una Internet abierta, manteniendo al mismo tiempo su propia privacidad, puedan ser asegurados sin la intervención del gobierno, de un tipo u otro.