El verdadero rostro de la situación actual de la gobernanza de Internet parece ser insostenible. Fuera
de estrechas áreas técnicas, lo que encontramos es que poderosos gobiernos y
empresas están elaborando sus propias reglas sobre Internet para luego
tratar de imponerlas al resto del mundo.
Esta es la segunda parte de la serie escrita por Jeremy Malcolm, experto en propiedad intelectual y derechos digitales de CI.
Si los gobiernos necesitan en ocasiones involucrarse en la gobernanza de Internet, debería ser sólo a nivel nacional.
Pero, ¿cómo puede ser cierto esto? Las decisiones que los gobiernos toman a nivel nacional (cuya necesidad aceptaría la mayoría de nosotros en ciertos casos) tienen una tendencia invariable a volcarse también fuera de las fronteras del país.
Esto se debe a que la propia Internet no tiene fronteras, y por ello las políticas establecidas en un país, ya sea por los gobiernos o por particulares, pueden afectar a los usuarios en cualquier parte del mundo, sobre los cuales los responsables políticos no pueden reclamar autoridad.
Por ejemplo, en 2011 las autoridades estadounidenses incautaron los nombres de dominio rojedirecta.com y rojedirecta.org alegando autoridad para ello por la ley de EE.UU., a pesar de que los dominios eran propiedad de una empresa española y habían sido legitimados bajo la ley española (los dominios fueron devueltos más tarde).
Del mismo modo, cuando se baja contenido bajo la autoridad de la ley de EE.UU. Digital Millennium Copyright (DMCA), esto afecta a los usuarios de todo el mundo. ¿Por qué los usuarios no deberían tener nada que decir sobre esto?
Si bien la acción directa a través de grupos de base como Anonymous es valiosa como último recurso, nunca debería convertirse en nuestro principal medio para dar forma a la política de Internet. Tal como el especialista en seguridad y escritor Bruce Schneier, escribió recientemente:
Si bien la acción directa a través de grupos de base como Anonymous es valiosa como último recurso, nunca debería convertirse en nuestro principal medio para dar forma a la política de Internet. Tal como el especialista en seguridad y escritor Bruce Schneier, escribió recientemente:
Ocasionalmente las masas pueden organizarse en torno a un tema específico - SOPA / PIPA, Primavera árabe, y así sucesivamente - y pueden bloquear algunas de las acciones de los poderosos. Pero no dura. Lo desorganizado vuelve a ser desorganizado, y poderosos intereses vuelven a tomar las riendas.
Ser organizado a nivel global, de una manera que sea eficaz para frenar los abusos de parte de gobiernos y empresas, implica sentarse a la mesa con ellos para gestionar las implicaciones transfronterizas de Internet relacionadas con las políticas públicas.
En la actualidad, esto significa estar al margen de las negociaciones secretas del TPP (Trans-Pacific Partnership), o en la última fila del auditorio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Y eso si tenemos suerte.
En otros temas, esto significa que no tenemos voz en absoluto, porque no existe un foro mundial que haga frente a estas cuestiones.
La necesidad de una evolución institucional
Así es que por lo menos deberíamos considerar si un medio más formalmente institucionalizado de participación de activistas online en este debate sobre Internet podría cerrar la brecha que existe después que fracasaron la autorregulación basada en la tecnología y las iniciativas de base.
Para algunas áreas temáticas, esto puede ser muy pocas veces, por ejemplo, ya tenemos fuertes mecanismos globales para la participación de todos los interesados en el desarrollo de estándares de Internet, y en la asignación de direcciones IP y nombres de dominio, a través de instituciones como el IETF, el W3C y el ICANN.
Pero en otras áreas, tales como la seguridad y los delitos informáticos, observancia de la propiedad intelectual, protección del consumidor, protección de datos y privacidad, así como la libertad de expresión online, sí necesitamos analizar la evolución de los actuales arreglos institucionales.
Esto nos lleva al tercer supuesto destacado arriba, en el sentido de que no hay necesidad de ninguna reforma a las disposiciones de gobernanza de Internet. Si tan solo eso fuera cierto.
Hay discusiones globales sobre estos temas, por supuesto - pero son demasiado débiles para tener un impacto tangible en los resultados de las políticas actuales (este es el caso del Foro de Gobernanza de Internet o IGF), o ellos no ofrecen la oportunidad de una participación significativa de todas las partes afectadas (una lista mucho más larga, incluida la propia UIT, así como la OCDE, APEC, la OMPI, la CSTD y el TPP).
A menudo es a la sociedad civil a la que se excluye de estos arreglos - como fue el caso del ACTA, y ahora el TPP - pero en otros casos son los gobiernos de los países en desarrollo, que consideran que organismos que agrupan a países desarrollados como el G8 y la OCDE toman el liderazgo, mientras sus propios intereses se dejan de lado.
Por lo tanto es hipócrita que los responsables de políticas de Estados Unidos etiqueten a los países en desarrollo -marginados por iniciativas estadounidenses como las mencionadas, y que se vuelcan a la UIT, más inclusivo (de los gobiernos)-, como enemigos de la libertad de Internet.
Así, fuera de estrechas áreas técnicas, lo que encontramos es que lejos de ser un sistema integrado por múltiples protagonistas, poderosos gobiernos y empresas están elaborando sus propias reglas para Internet para luego tratar de imponerlas al resto del mundo.
Lo vimos con el ACTA, SOPA y PIPA, lo vemos en el TPP actualmente, y vemos el potencial para exclusiones similares en la elaboración de normas en la UIT e incluso en la OCDE. Este es el verdadero rostro de la situación actual de la gobernanza de Internet, y es insostenible...
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